AUTOVACANCIAS EN GOBIERNOS REGIONALES

EDITORIAL DEL DIARIO EL COMERCIO
01 DE JULIO DEL 2012

Ha sido de lo más curioso escuchar y leer los argumentos con los que se ha protestado prolíficamente contra el proyecto de ley que agrega una sexta causal de vacancia a las cinco que actualmente ya contempla la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para las autoridades que regula: el participar de “paros, motines, movilizaciones o manifestaciones, que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercios”. Es como si la última frase no existiese: “que obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito o perturben el normal funcionamiento de los servicios públicos y comercios”.

Desde diversas tribunas se ha dicho que el proyecto intenta boicotear el proceso de descentralización, que pertenece a una lógica represiva, que es antidemocrático y, cómo no, que busca “criminalizar la protesta social”. Aparentemente, al menos para las autoridades regionales, los políticos y los líderes de opinión que se han pronunciado en este sentido, el derecho a bloquear vías, violentar el libre tránsito de las personas e impedir el funcionamiento de servicios públicos y negocios privados es parte integral de la democracia y del proceso de descentralización, y no hay motivo para que las autoridades regionales no puedan seguir en su cargo si lo utilizan para hacer este tipo de cosas. La violencia, por lo visto, sería elemento natural del juego democrático. Con lo que, imaginamos, las víctimas de esta –los que quieren cruzar y no pueden, los que quieren abrir sus negocios y no pueden, los que quieren llevar a sus hijos al colegio y no pueden– vendrían a ser algo así como los “daños colaterales” de la democracia.

 

Naturalmente, estamos ante un intento muy burdo de manipulación por parte de quienes quieren cosechar políticamente esta violencia. Movidos por este afán, han salido a llamar al pan “vino” y al vino “pan”, con admirable imperturbabilidad. Y así resulta que la “protesta social” que decide quemar inmuebles, secuestrar personas y autoridades, bloquear vías y atacar con hondas y molotovs a la policía (todo lo cual es ya casi tradición en nuestras “manifestaciones”) no se criminaliza sola, sino que es más bien “criminalizada” por el Estado que decide llevar a juicio estas acciones.

La verdad, desde luego, es la contraria de la que nos quieren vender. Un gobierno que envía a la policía a despejar a quienes bloquean la carretera, a arrestar a los que impiden abrir negocios o acceder a víveres o educación, o a detener a quienes deciden incurrir en piromanía, no actúa con una “lógica represiva”; actúa con una lógica protectora. Y es que “la ley” es más que un principio abstracto. Lo que invariablemente hay detrás de la ley son derechos de personas de carne y hueso (tan de carne y hueso como los protestantes) y no se puede pasar por encima de la primera sin atropellar al mismo tiempo a los segundos. Por ejemplo, a ciudadanos como los empresarios provincianos (muchos de ellos pequeños) que representa la Cámara de Comercio de Cajamarca y que han denunciado pérdidas millonarias en cada día del bloqueo. O como los que simplemente quieren llevar a sus hijos al colegio. O como los que quieren trabajar en la empresa que motiva la protesta sin ser secuestrados.

¿Por qué la libertad de estas personas tiene que valer menos que la de los protestantes? ¿Por qué estos dicen actuar por un interés “social”? Está claro que su “interés social” no es compartido por toda la sociedad: nadie tendría que bloquear una carretera si tuviese a todo el mundo de acuerdo con no usarla. Los llamados “protestantes sociales” solo tienen un interés de partido –es decir, una visión del interés social que no es compartida por todos–. ¿Por qué habría el Estado de permitirles que se lo impongan por la fuerza a los demás?

En realidad, detener y sancionar la delincuencia, en los casos de protesta social, como en todos los demás, ni siquiera tendría que ser una opción para el Estado. Tendría que ser una obligación. El Estado existe, antes que por cualquier otro motivo, para garantizar la seguridad y la libertad de los unos frente a los otros. Por ello mismo, el que se pueda vacar a una autoridad estatal que no solo permite, sino que también participa de la violación del derecho de algunos (sea o no con un fin “social”), es más que una cuestión de conveniencia pública: es un corolario lógico. Después de todo, al proteger o participar de la violencia, esa autoridad abdica de su principal función y, al menos en la práctica, por lo tanto, vaca ella misma su cargo