Además, eran obligados a pagar un “Diezmo” de su sueldo, el que se depositaba en la cuenta de Luis Fernández Estrella
Las denuncias contra Javier Alvarado Gonzales del Valle parecen interminables y cada vez son más certeras, convincentes e inobjetables. Esta vez, extrabajadoras del Gobierno Regional de Lima disparan con todo y detallan cómo los funcionarios de esta entidad las obligaban a recolectar firmas y entregar un “diezmo”, todo para que sea a favor de la candidatura a la Presidencia de la República del líder de Patria Joven.
Esta última acusación es, tal vez, la más mortífera pues también se revela la utilización de personal, funcionarios, recursos y dinero del Gobierno Regional de Lima, lo que habría sido encabezado presuntamente por el gerente general Luis Fernández Estrella y Javier Alvarado, quienes habrían ordenado la recolección de firmas para la inscripción del partido Triunfa Perú en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que el presidente regional postule a la Presidencia de la República en el 2016.
¿Quiénes son los denunciantes? Nada menos que extrabajadoras y un extrabajador de la institución, quienes se encargaban directamente de recolectar firmas en distritos de la capital limeña como Ate Vitarte, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Ventanilla, entre otros, con la finalidad de inscribir a Triunfa Perú.
Pero no es sólo eso: los extrabajadores entregaban un “diezmo” mensual (donación económica) para concretar y hacer posible los sueños presidenciales de Alvarado. Para dar validez a su denuncia, mostraron un voucher en el que aparece el número de cuenta en el banco Scotiabank.
Sin embargo, a pesar de toda esta entrega titánica, el presidente Javier Alvarado, en coordinación con el gerente general Luis Enrique Fernández Estrella –según dijeron– los destituyó. ¿La razón? Todos ellos, agregan los denunciantes, no participaron en los maltratos y atropellos que sufrió Lita Román Bustinza cuando asumió el cargo de presidenta del Gobierno Regional de Lima.
Susana Morán Chinchay, que tenía el cargo de secretaria de la Procuraduría Pública Regional, explica que los funcionarios le ordenaban, en horario de trabajo y fines de semana (sábado y domingo), recolectar firmas en los distritos de Lima Metropolitana. Para trasladarse, al parecer utilizaban los vehículos, camionetas y otros medios de transporte del Gobierno Regional de Lima.
El expersonal precisa que al recoger las firmas se entregaba víveres a los que apoyaban. Ahora bien, toda esta maquinaria de recolección era –precisan– supervisada por la consejera regional por la provincia de Cañete Liliana Torres Castillo. En efecto, ella habría tenido el trabajo especializado y riguroso de fiscalizar cuidadosamente la validez del trabajo. Dicho de otro modo, tenía la tarea de hacer un control de calidad de las labores de las recolectadoras de firmas.
“Iba los fines de semana, desde septiembre, a Lima, con mis propios recursos y, en otras ocasiones, con los vehículos de la región para recolectar firmas, porque queríamos conservar nuestro trabajo. Asimismo, depositaba un aporte mensual de 50 soles al banco Scotiabank para los fondos del partido. A pesar de todo, he sido destituida de manera intempestiva por orden del presidente regional, según me señaló el gerente general Luis Fernández Estrella”, sostuvo indignada Susana Morán. A su vez, explica que la cuenta (Nº 096-0018463) estaba a nombre del gerente regional Luis Fernández Estrella. “El depósito mensual lo hacíamos religiosamente”, puntualizó.
Por otra parte, Yeny Curioso Morales, exasistente administrativa en la oficina de Mantenimientos de Vías, esclarece que sólo los trabajadores de Huacho realizaban el aporte mensual, mientras que los cañetanos estaban inhibidos del “tributo”. Además, éstos gozaban de un sueldo superior. “La directora de Transporte y Comunicaciones Lilia Sánchez Portugués nos hacía recordar que teníamos que depositar el ‘diezmo’. Asimismo, nos dirigíamos a Lima los jueves, viernes, sábado y domingo a ofrecer un cuarto de fideo por una firma. Todo esto lo sabía Javier Alvarado, porque su chofer nos trasladaba a Lima. Si no lo hacíamos, nos insinuaban que nos iban a despedir del trabajo”, manifestó con malestar.
Ante todo esto, el presidente Javier Alvarado tiene la obligación moral de responder y explicar a los ciudadanos de las nueve provincias sobre esta grave denuncia, en honor a los principios de “verdad, firmeza y lealtad”, lema que se pregona en el Gobierno Regional de Lima y que, según él, dice defender. Sin embargo, solo se escuchará el verbo florido que lo caracteriza para desviar la atención en temas que siempre lo implican negativamente.
ALGUITO MÁS
Otras denunciantes que participaron en el proceso de recolección de firmas y diezmos son: Gisell Paredes, Ana Yolla Díaz, Pavel José Rosales, Doris Ríos Lara, Susana Morales y Clotilde Pérez.
CIFRAS
8 son las personas que denuncias estas aparentes irregularidades en el Gobierno Regional.
FUENTE CHASKI
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